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¡Zas! Madrid | February 8, 2023

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Toca ya reconsiderar el papel de la Iglesia Católica en España y avanzar en la laicidad del Estado - ¡Zas! Madrid

Toca ya reconsiderar el papel de la Iglesia Católica en España y avanzar en la laicidad del Estado
Juanjo Picó

La secularización de la sociedad española es indiscutible

Lo que realmente importa a cualquier religión es el poder económico: ese es el interés real y su razón de ser terrenal

Después de cuarenta y cinco años de democracia, toca ya reconsiderar el papel de la Iglesia Católica en España y avanzar en la laicidad del Estado.

El Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas-CIS, en su avance mensual de resultados de diciembre de 2022 ofrece los siguientes datos sobre las creencias y prácticas religiosas en la sociedad española, a partir de encuestas sobre personas mayores de 18 años (% redondeados):
• 56% personas se declaran católicas, siendo un 33% en la franja de 18-24 años
• 18% se declaran católicas practicantes, con un 8% en esa franja
• 39% se declaran no religiosas (agnósticos, indiferentes/no creyentes, ateos), con un 58% altamente significativo en esa franja de edad, los más jóvenes.

El Barómetro del CIS confirma mes a mes el alto nivel de secularización social existente en nuestro país con un paulatino abandono de las creencias y prácticas de los ritos litúrgicos católicos, con muy elevado impacto en la juventud y un seguimiento que a duras penas se mantiene en las personas de edad avanzada.
Compárese con los datos del año 2000:
• 83% Católicas
• 21% Católicas Practicantes
• 13% No Religiosas

La secularización es inequívoca. En estos veintidós años hay una disminución muy fuerte de personas católicas (27 puntos menos) y un incremento cada vez mayor de las no religiosas (26 puntos más), con una tendencia en este sentido. Este desapego de lo confesional católico no significa ignorar la existencia de nuevas o distintas espiritualidades diferentes a “las de siempre” o donde las creencias particulares se viven en el fuero interior sin dependencias confesionales externas.

Esta secularización en los ritos se ve acompañada con el incumplimiento generalizado de los dogmas y magisterio eclesiástico cuando se hace un uso —incluso por los propios católicos— del derecho al divorcio, el aborto, las relaciones sexuales prematrimoniales, los anticonceptivos, la eutanasia, la diversidad y orientación afectivo-sexual.

Si bien la jerarquía católica está preocupada con esta realidad social, su escaso predicamento para que se mantengan las creencias, ritos y magisterios no depende en gran medida de lo que diga, haga o deje de hacer sino que son causa, entre otras, de la modernidad y el imperio de la razón. Bien que le gustaría doblar esta tendencia pero la realidad es la que es.

Cuando las iglesias se vacían de fieles —y solo cuentan con las personas de edad, y cada vez menos— su principal empeño es no perder influencia en la calle, en la simbología confesional presente en las instituciones públicas (nombramientos de vírgenes alcaldesas perpetuas, procesionado de los cargos públicos…) y, con mucho mayor interés, en seguir teniendo protagonismo en las tradiciones de origen religioso que han devenido en fiestas populares paganas (romerías, belenes, navidades, semanas santas, bautizos, comuniones…). Con un objetivo claro de que la religión siga como referencia cultural, seña de identidad y cohesión colectiva. Es donde a la jerarquía le resulta más cómodo y productivo estar presente en la vida civil.

Pero lo que realmente importa a la jerarquía católica es el poder político, económico, ideológico y de proselitismo en lo civil. En cuantas más parcelas, mejor. Ese es el interés real y su razón de ser terrenal. Mantenerlo y aumentarlo, dejando en un segundo plano la preocupación por la secularización social, tan solo con tenues declaraciones de pesadumbre pero que no ocultan esa otra sintonía de “dame pan y llámame tonto”. Obtener subvenciones y financiación pública para sus menesteres, disfrutar de exenciones fiscales de privilegio, la asignatura de religión en las aulas, la presencia confesional en la enseñanza concertada (puro negocio y ariete ideológico disfrazado de servicio público), la creación de universidades privadas confesionales (semillero de futuros líderes políticos y en la judicatura), las inmatriculaciones de bienes del dominio público (creando un imperio inmobiliario y fuente de buenos beneficios económicos por las entradas a monumentos), las donaciones de suelo público. Sin olvidar la importante presencia que la “corporación católica” tiene en el sector asistencial y en el “mercado de la caridad”, como granja proselitista que se nutre de jugosas subvenciones y recursos públicos que son capturados por causa de la dejación y deriva estatal privatizadora neoliberal.

Con este poder eclesial, las cifras del Barómetro del CIS o la laxitud en el cumplimiento del magisterio religioso —que al fin y al cabo son simples opciones de libertad de conciencia personal— hay que ponerlas en el tablero político en su justo término. En cuestionar y exigir al Gobierno cómo es posible que ese elevado nivel de secularización social no tenga su reflejo en leyes y comportamientos públicos en un sentido de laicidad y democracia sino que, por el contrario, se siga alimentando ese poder eclesial con sus enormes privilegios. Siquiera fuera como simple coherencia y para que la modernidad entre de una vez en las relaciones del Estado con la Iglesia Católica y las religiones en general.

Compleja explicación siendo que, para empezar, no existe una resuelta voluntad política en acometer ese camino de una forma efectiva por parte de los agentes que están llamados a transitarlo, sino rutina, complicidad y conveniencia, hasta el punto de incumplir sus propios compromisos partidarios o electorales. Bastante se puede hablar de ello, a todos los niveles y de todos los colores, unos más y otros menos. Pero en esas estamos. Con la sociedad por una parte, la política y la legislación por otra y, mientras tanto, otros haciendo el suyo, sin cortapisa alguna, sino con los privilegios que tiene asumidos como derechos.

En esta coyuntura, en Europa Laica seguimos exigiendo como punto necesario e imprescindible la denuncia y derogación de los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede. Que se promulgue una ley integral del derecho a la libertad de conciencia y la laicidad del Estado. Que se disponga de un reglamento de laicidad que satisfaga el mandato constitucional del artículo 16 de la Constitución Española sobre la aconfesionalidad de Estado.

Después de cuarenta y cinco años de entrar en democracia, toca ya reconsiderar el papel de la Iglesia Católica en España y avanzar en la laicidad del Estado.




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