Numerosas organizaciones se han unido para derogar la ley mordaza y para que se elabore una nueva legislación que garantice los derechos humanos

Más de 170 organizaciones de derechos humanos y colectivos sociales forman esta plataforma creada para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que cumpla su promesa y derogue la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza; norma que entró en vigor el 1 de julio de 2015, bajo el gobierno de Mariano Rajoy. Lleva, por tanto, cinco años en el ordenamiento jurídico español y ha sobrevivido a cuatro campañas electorales, en las que las promesas de su reforma o derogación han estado siempre presentes

En el manifiesto publicado por esta plataforma ¡Cinco años de mordazas ¡Basta!, se denuncia que el actual Gobierno, lejos de cumplir con sus promesas de derogación, ha utilizado esta ley durante el estado de alarma como base jurídica para imponer propuestas de sanción a un millón de personas. En el acuerdo programático de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos se comprometían a aprobar «a la mayor brevedad» una ley que sustituyera a la ley mordaza «para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica».

«Tras cinco años desde su entrada en vigor, la ley mordaza sigue campando a sus anchas» denuncia la coalición formada por, entre otras organizaciones, Amnistía Internacional, No Somos Delito, Defender a Quien Defiende, Sare Antifaxista, Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, Colectivo de Mujeres Refugiadas Exiliadas y Migradas, TransGirls-Asociación de Mujeres Trans o Greenpeace.

En el caso de las denuncias y sanciones durante el estado de alarma, estas organizaciones «ponen en duda que este marco jurídico garantice los criterios de necesidad y proporcionalidad que indican los estándares internacionales. Una afirmación que se ha visto confirmada en centenares de vídeos y noticias de abusos policiales».

La plataforma contra la ley mordaza hace un llamamiento a otras organizaciones sociales para que se adhieran a la campaña y así poder conseguir con la acción colectiva acabar con esta medida aprobada por el Gobierno del PP.

El uso político de la ley mordaza para sancionar distintos tipos de disidencia pacífica y usos de la libertad de expresión, como el delito de injurias a la Corona, ha sido criticado por diferentes organizaciones internacionales de derechos humanos. Greenpeace lo califica «como el mayor recorte de libertades de la historia democrática de nuestro país» al considerar «la protesta pacífica como una amenaza y no como una parte consustancial a la convivencia democrática».

Para Amnistía Internacional, la Ley Mordaza se ha utilizado en el estado de alarma para sancionar «de manera arbitraria» a miles de personas sin «observar los criterios de necesidad y proporcionalidad que indican los estándares internacionales» de derechos humanos.

No Somos Delito, una de las plataformas que ha liderado la lucha contra la ley mordaza, considera que con la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada en un contexto de movilización heredado del 15M, se avanzó «en la dirección errónea reduciendo el espacio cívico, poniendo en riesgo el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica e información, aumentando las sanciones a formas legítimas de protesta, así como la cuantía de otras sanciones ya existentes». La ley mordaza, junto con la contemporánea reforma del Código Penal, han tenido un «impacto preocupante en el derecho a la libertad de expresión», según afirma esta plataforma: «La posibilidad de ser multado, inhabilitado para empleos públicos e incluso ser enviado a prisión, está teniendo una consecuencia clara: una autocensura cada vez mayor y, en general, un efecto inhibitorio en la libertad de expresión en España».