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¡Zas! Madrid | September 20, 2021

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La nueva Ley de Protección de la Infancia y sus muchas lagunas - ¡Zas! Madrid

La nueva Ley de Protección de la Infancia y sus muchas lagunas
Antonio Gómez Movellán

La ley tiene muchas lagunas, una de ellas es la prevención de los abusos sexuales en el interior de las instituciones religiosas

La promulgación de la nueva Ley de Protección de la Infancia (BOE de las Cortes Generales, 28 de abril de 2021, Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia) con el apoyo de todos los grupos parlamentarios —excepto del partido político católico francofascista VOX— supone un avance en la protección de los menores de los abusos sexuales ya que la prescripción de los delitos empezará a contar cuando la persona agredida cumpla 35 años y no 18; además, se introducen algunas medidas preventivas y se crea una unidad especializada en la Policía.

Sin embargo, los calificativos utilizados por el gobierno no dejan de ser más que eslóganes propagandísticos como aquellos que califican la ley como “pionera” o “ejemplo para el mundo”, etc.; en realidad, la ley tiene muchas lagunas como ya algunos grupos parlamentarios han expresado en el Senado y en el Congreso y también omisiones difícilmente entendibles. Una de estas omisiones es la prevención de los abusos sexuales en el interior de las instituciones religiosas y, particularmente, en la instituciones católicas. Tampoco se ha introducido un procedimiento que, dentro de las instituciones religiosas, se reconozca el daño causado y la reparación indemnizatoria para aquellos casos que hayan prescrito, pero hayan sido reconocidos.

Es una omisión que solo se explica por el favor del poder civil a la Iglesia. También esta ley tiene una laguna muy importante y es la orientación de los centros de tutela y residencia de menores. En efecto, en un reciente informe periodístico de Diario es, se demuestra que un 70% de las plazas de residencia lo son en instituciones privadas de las cuales la mayoría pertenecen a la iglesia católica. Es algo que la ley no ha abordado y es una laguna de la misma ya que la ley apuesta no por una perspectiva pública de la gestión de estos centros de menores sino por lo que denomina la de colaboración público privado. Fue el Defensor del Pueblo quien, en el año 2009, realizó un exhaustivo informe de estos centros de menores y residencias, llegando a la conclusión de que el modelo debería enfocarse a un sistema público, ya que en ellas se veían “más nubes oscuras que rayos de luz”.

Al igual que sucede con las residencias de ancianos, convertir estos servicios asistenciales básicos en un negocio, disfrazado como caridad católica o como asociación lucrativa, produce un desistimiento de lo público que a la larga se ha pagado —y se paga— con la desprotección y el abandono.




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