La Iglesia católica se ha apropiado de más de cien mil bienes públicos y privados

La realidad es que en esta legislatura tampoco se va a hacer nada, sólo confundir a la ciudadanía con tímidas promesas falsas

Las inmatriculaciones de la Iglesia católica suponen una enorme obscenidad política, cometida durante casi 70 años, y sin expectativas de solución.

Obscenidad política porque ha sido la política la gran cómplice de este expolio consentido e incentivado durante la dictadura, desde 1947, y durante la democracia (formal), desde 1978. Expolio, botín, robo porque la Iglesia católica oficial se ha apropiado de más de cien mil bienes públicos y privados a lo largo de estos casi setenta años y hasta la última reforma de la ley Hipotecaria de 2015 (hecha -curiosamente- en la presidencia de Rajoy).

Lo que hasta ahora casi nunca había ocurrido, el lunes 24 de enero de 2022, los medios informativos y magazines varios llenaron espacios y contenidos con la reunión (deliberadamente orquestada por Moncloa y El Vaticano), entre Sánchez y Omella (líder de los obispos), donde este entregó al presidente del gobierno un ridículo listado de casi mil bienes (de chichinabo) que, en su caso, podrían “estudiar devolver” a ayuntamientos y a “otros” como consecuencia de “ciertas irregularidades” en la tramitación, ante los Registros de la Propiedad. Como si el conjunto de inmatriculaciones no hubieran constituido un enorme fraude en el que han estado implicados funcionarios públicos, políticos y obispos, todos ellos en “comunión”.
Cuando la Asociación Europa Laica junto a la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, en 2005, destapamos públicamente este monumental escándalo (hay que recordar que por entonces gobernaba el PSOE), casi nadie daba crédito. Tan sólo algunos avezados periodistas sacaban algunas breves y tímidas columnas o informaciones en radio.

Mientras los poderes públicos (y los partidos de toda condición) callaban (incluidos todos los grupos parlamentarios), al igual que los más potentes medios de comunicación.

Cuando el hecho fue “engordando” muchos se “subieron al carro”, incluso sin tener ni idea de la verdadera dimensión del problema o movidos por otros intereses mediáticos, profesionales y hasta políticos partidarios. Pero ¡bienvenidos fueron! Más tarde se formaron diversas plataformas ciudadanas territoriales o estatales como Recuperando, con más voluntad que éxito. Pero ahí están para contribuir a presionar a los poderes públicos y hacer algo de pedagogía.

Fue la Mezquita de Córdoba curiosamente inmatriculada en tiempos de gobernanza municipal del PCE (2006), Junta de Andalucía y Moncloa con gobernanza del PSOE, la que más “dio la voz de alarma mediática”, pero ni PSOE, ni PCE hicieron, en tiempo y forma, NADA por impugnar aquella barbarie. Ahí está la historia y sus protagonistas
Desde 1947 hasta 2015, los obispos convertidos en fedatarios públicos se han apropiado de más de cien mil bienes rústicos y urbanos, muchos ya irrecuperables por haberse deshecho de ellos, construido viviendas y/o vendido a terceros, haciendo una enorme “caja” que han ido a parar a las arcas del Vaticano y a las diferentes Diócesis. Nos estamos refiriendo a una enorme e incalculable fortuna.

Es cierto que fue el presidente Aznar quien, en 1998, modificó la ley y el reglamento de 1946/47, con la finalidad de que los obispos diocesanos pudieran inscribir a nombre de las Diócesis centros de culto de gran valor patrimonial e histórico artístico como la Mezquita, la Giralda, La Seo y cientos y cientos, pero ante esa modificación tampoco ni PSOE, ni la izquierda en general, ni los nacionalistas hicieron nada. Mientras el Parlamento callaba.

Ahora hay quienes “se rasgan las vestiduras” por intereses de todo tipo, pero la realidad es que en esta legislatura tampoco se va a hacer nada. En todo caso estropear las cosas y confundir todavía más a la ciudadanía con tímidas promesas falsas. De hecho, en el Pacto de Gobernanza PSOE-UP de enero 2020, sólo aparecía una ligera referencia a modificaciones legislativas sobre ¿posibles “inmatriculaciones indebidas”? (curioso).
En todo caso, al paso que se camina es muy probable que se vaya a hacer el ridículo más espantoso, como el protagonizado el lunes 24, por el Sr. Sánchez y sus asesores en Moncloa.

Mientras que los obispos y El Vaticano se siguen dando un “opíparo banquete” con el uso del patrimonio artístico (vía entradas turísticas) que les proporciona enormes beneficios diarios, los poderes públicos conservan -con dinero público- esas falsas propiedades de la Iglesia. Que ni impuestos pagan. Sólo una Ley de retroactividad podría hacer justicia histórica. Junto a una sustancial modificación de la actual Ley de Patrimonio Histórico Artístico. Pero en el horizonte no se observa voluntad política. Sólo hacer ridículo, tras ridículo por parte de los poderes públicos, encarnados en los partidos políticos que están en el Parlamento y en las diferentes gobernanzas territoriales y locales.