Las derechas harán todo lo que puedan para derribar a la coalición de izquierdas recién investida

• La Iglesia católica recibe del Estado 11.000 millones de euros al año y paga cero impuestos

• España, tras Camboya, es el país con mayor número anónimo de desaparecidos del mundo, fruto de la vesania franquista

• España ocupa el tercer puesto en pobreza infantil en el espacio comunitario europeo

• En 2018 se produjeron 60.000 desahucios de familias y 40.000 en el pasado año, a un ritmo de 100 al día

• El gasto social en España (sanidad, educación, desempleo, dependencia) ha bajado al nivel de 2009

• A día de hoy, 3,2 millones de trabajadores no tienen empleo y 30.000 indigentes duermen en la calle

Desde antes de la guerra civil no se registraba en España un gobierno de coalición con partidos a la izquierda del socialdemócrata PSOE. Más de 80 años después un comunista confeso, Alberto Garzón, militante del PCE y líder de la formación Izquierda Unida, ambas siglas dentro del grupo parlamentario de Unidas Podemos, será ministro. Que un comunista y otras gentes de distinta sensibilidad de izquierda empujadas por movimientos sociales y el famoso 15M lleguen tan alto es una noticia de dimensión internacional.

El acuerdo para gobernar entre PSOE y Unidas Podemos no traerá ninguna revolución social, política, ideológica o económica a España. Estamos ante una propuesta de acción bastante moderada que lo único que pretende es arrebatar el discurso hegemónico a las derechas y restablecer algunos servicios públicos deteriorados por el neoliberalismo en boga preconizado por el PP y también por el ala más tradicionalmente escorada a la derecha en las filas del PSOE, en todo momento desde la muerte del dictador Franco en sintonía económica con Bruselas y con los poderes fácticos, financieros y mediáticos de España.

Hay que decirlo tal cual: las políticas llevadas a cabo por el PSOE son corresponsables de la España actual, siendo sus medidas en materia social, leyes del divorcio y el aborto, el pionero matrimonio entre homosexuales, la norma progresista sobre personas dependientes sin apenas dotaciones presupuestarias y la retirada de las tropas de Irak, los momentos más sobresalientes de sus diferentes pasos por el palacio de La Moncloa, cuyo primer inquilino “socialista” fue en 1982 Felipe González, dentro del periodo moderno de la democracia.

Nunca el PSOE se atrevió a reformar en profundidad los aparatos militares, judiciales y policiales ni las estructuras económico-financieras diseñadas por el franquismo. Tampoco impulsó de manera efectiva la ley de memoria histórica ni la reparación de los miles de muertos y aún desaparecidos en cunetas por el régimen fascista vencedor en 1939, salvo el evento espectacular reciente de la exhumación exprés del dictador Franco de la abadía del Valle de los Caídos a un cementerio en las afueras de Madrid. La raquítica osadía del PSOE no tuvo el coraje de denunciar los acuerdos preferenciales con el Vaticano ni eliminar los privilegios de todo tipo de la Iglesia católica, sobre todo en cuestiones fiscales y su preeminencia en la educación privada. A propósito de la memoria histórica, dejar constancia que España, tras Camboya, es el país con mayor número anónimo de desaparecidos del mundo, fruto de la vesania franquista. De todo ello, en España se habla con sordina, al igual que de la disyuntiva monarquía/república, que ni siquiera es objeto de evaluación demoscópica para mantener en secreto el aval de la población al jefe de Estado en calidad áurea de rey.

Realidades genuinas made in Spain
Según el Fondo Monetario Internacional, España es la primera potencia de la Unión Europea en economía sumergida, cuya estimación alcanza los 300.000 millones de euros anuales, esto es uno de cada tres euros devengados en suelo español no cotiza fiscalmente ni a la Seguridad Social. Por tanto, son legión las gentes trabajadoras que son explotadas sin derecho alguno a reclamar de modo oficial.
Se cree asimismo que alrededor de 150.000 millones de euros viven al calor hogareño de los paraísos fiscales, mientras la mitad de los trabajadores y trabajadoras cobran al mes menos de 1.000 euros de salario.

A través del fraude fiscal, la ingeniería financiera, la corrupción, las exenciones directas, subvenciones opacas y elusiones técnicas, las arcas de Hacienda dejan de ingresar anualmente unos 100.000 millones de euros. Se considera que el 70 por ciento de defraudadores son grandes emporios empresariales y el selecto club de las mayores fortunas. El 80 por ciento de ese astronómico fraude “patriótico” es imputable a 45.000 personas y la mitad corresponde a una elite archimillonaria de más o menos 4.500 individuos. Esta es la España representada por PP, Vox y Ciudadanos y algunas derechas autóctonas en Catalunya y Euskadi, que según soplen los vientos apoyan la tensión bipartidista hacia uno u otro lado: su independentismo es una forma de gobernar frente al mito de Madrid y seducir a amplias capas populares para que no se planteen políticas de izquierda más allá de los símbolos clásicos de bandera, lengua y cultura propia excluyente.

Es curioso observar cómo los recortes unen a las derechas de cualquier territorio por encima de los iconos distintivos: el PP, Pujol y Mas en Catalunya y el PNV vasco, este en menor intensidad, han aplicado la austeridad con devoción entusiasta. Otro denominador común es que la corrupción ha visitado a sus huestes, no tan acusada en el caso del PNV, a todos por igual: PP y CiU, hoy PdeCAT en Cataluña, son las organizaciones más manchadas de corrupción de todo el Estado.

Hablando de paraísos fiscales España también tiene el suyo propio. La Iglesia católica recibe del Estado 11.000 millones de euros al año y paga cero impuestos. Aún hay más en esta España constitucionalmente aconfesional. La Iglesia española es un imperio inmobiliario sin ninguna transparencia. El clero católico se niega a presentar inventario de su inmenso patrimonio. Sí se conoce que entre 1998 y 2015 inmatriculó de forma unilateral sin papeles legítimos casi 35.000 inmuebles entre catedrales, templos, garajes, pisos, parcelas rústicas y solares urbanos, gracias a una ley franquista y el silencio cómplice del PP de Aznar. La joya universal de la mezquita de Córdoba, hoy catedral porque sí, les costó inscribirla el módico precio de 29 euros en el Registro de la Propiedad.

El poder fáctico del catolicismo español aumenta si tenemos en cuenta que es dueño de casi 2.600 colegios, 15 universidades, 22 facultades eclesiásticas y 71 institutos de enseñanza superior. Diseminar la ideología ultraconservadora y elitista es un daño colateral de graves repercusiones en la mente colectiva del país. Las ayudas estatales no acaban ahí: hay curas castrenses en las unidades militares y en hospitales públicos, además de sufragarse al profesorado de Religión con dineros procedentes de los presupuestos generales aunque las autoridades católicas se reservan el derecho de nombrar y despedir a los titulares docentes de su doctrina. Añadamos a esta lista de poderío social y económico que regenta 65 hospitales, 56 ambulatorios sanitarios y más de 700 residencias para personas discapacitadas y ancianas. Del nacimiento a la muerte, resulta difícil escapar al campanario católico en España.

España es la potencia económica número trece del mundo. O catorce, porque Australia tiene un PIB similar. Para el caso es lo mismo. No obstante este lugar de honor a escala internacional, puede dar mucho que pensar.
Ahora mismo España ocupa el tercer puesto en pobreza infantil en el espacio comunitario europeo, 40 por ciento de este segmento poblacional, tras Rumanía y Grecia. Y el 25 por ciento de sus habitantes, 12 millones de personas, se sitúan en ese espacio nebuloso de riesgo de exclusión social, séptimo lugar europeo después de Bulgaria, Rumanía, Grecia, Lituania, Italia y Letonia.

A día de hoy, 3,2 millones de trabajadores no tienen empleo y 30.000 indigentes duermen en la calle. En 2018 se produjeron 60.000 desahucios de familias y 40.000 en el pasado año, a un ritmo de 100 al día. El gasto social en España (sanidad, educación, desempleo, dependencia) ha bajado al nivel de 2009: en total, 3.700 euros por persona y año menos que la media de la denominada zona euro, 19 países contando España. Ahora un dato extremadamente significativo: la deuda pública asciende a 1,2 billones de euros, solo tres puntos porcentuales por debajo del PIB. Cada residente en España debe 25.000 euros por cabeza, la mayor parte a inversores extranjeros y al Banco Central Europeo. Y como remate de este cuadro macroeconómico, no hace mucho el Banco de España ha descubierto que el rescate bancario de la primera década del siglo XXI, siempre negado por el PP y Rajoy, se elevó a 65.000 millones de euros (fuentes independientes consideran que esa cantidad fue de hasta 100.000 millones de euros). A parecer, el Estado solo recuperará 14.000 millones. Ese agujero también pasa de puntillas por la actualidad española: no hay culpables, tout va bien, nos envolvemos en la bandera rojigualda patriótica y entonamos con orgullo nacional: ¡viva España!, ¡viva el Rey! Muchos votantes de PP, Vox y Ciudadanos tienen suficiente con esos dos lemas simples y emocionales.

En otro orden de cosas, la precariedad laboral se ha cobrado en 2019 la vida de más de 500 trabajadores causados por accidentes de trabajo y de los más de 500.000 accidentes laborales documentados por encima de 3.000 sucesos han dejado secuelas graves físicas y/o psíquicas en sus víctimas. Estos datos suelen pasar sin pena ni gloria por los informativos diarios. Hasta cierto punto es lógico este apagón de noticias. La pluralidad informativa en España es una farsa obvia aunque no evidente para la ciudadanía común: tres gigantes empresariales, Atresmedia, Prisa y Mediaset, controlan casi el 60 por ciento de los medios de comunicación, también el 60 por ciento de la audiencia total y alrededor del 90 por ciento del negocio publicitario. Nos referimos tanto a prensa escrita como emisoras de radio y canales de televisión. Hay muchas alternativas y marcas pero la propiedad está en muy pocas manos, por tanto los mensajes ideológicos e intereses económicos ocultan a lo bruto o sibilinamente las ideas y opiniones que critiquen o pongan en cuestión la sacrosanta libertad de comercio capitalista y el régimen parlamentario o legal que le da sustento. De ahí la desaforada violencia verbal de las derechas ante el tibio pacto entre PSOE y Unidas Podemos: la democracia es aceptable si ganan ellas, caso contrario todo vale, llamadas al golpismo militar, atropellos judiciales, algaradas callejeras, presiones inmorales bajo cuerda, deslegitimación extrema de cualquier aroma a izquierdismo. En suma, nada nuevo en la historia española plagada de pronunciamientos antidemocráticos y sectarios provenientes de la milicia, el clero y las castas financieras.

Como colofón de esta herencia nefasta que lastrará la acción del nuevo Gobierno, mencionar que 1.028 mujeres han sido asesinadas por sus parejas en el periodo 2003-2019. Y la ira de la ultraderecha quiere eliminar cualquier apoyo a la violencia de género. Esta irracionalidad, y tantas otras del partido fascista Vox, con la anuencia silenciosa y cómplice de PP y Ciudadanos, ha obtenido en las últimas elecciones generales 3,6 millones de votos, un millón más en menos de seis meses. La mancha de aceite de la ultraderecha aún puede extenderse más, incluso en la vieja Europa.
El futuro en España estará plagado de minas. Las derechas harán todo lo que puedan, a plena luz y a la sombra, para desacreditar y derribar a la coalición de izquierdas recién investida. Brasil, Venezuela, Ecuador y Bolivia viven inmersos aún en plenas desestabilizaciones de sus débiles democracias representativas. Porque España esté en Europa, nada hay asegurado. Entre golpes duros y blandos hay una secuencia muy larga de posibilidades. Recordemos el ¿fallido? golpe de Estado de Tejero del 23 de febrero de 1981: de esa asonada salió un PSOE liderado por González más pragmático y conservador. El precedente está ahí.

Valga como corolario del artículo que en el horizonte inmediato de España se abrirá una pugna feroz entre la furia desatada de los poderes fácticos de siempre y el desencanto que pudiera producirse entre el electorado más empobrecido y el más sensible, radical o ideologizado de Unidas Podemos ante las contradicciones inevitables de la acción gubernamental. A un sector importante de las izquierdas les parecerá muy poco, nimio o insustancial lo que se haga para recuperar la dignidad de la inmensa mayoría. Gestionar ambos sentimientos encontrados no será nada fácil en mitad de una batalla que se presume compleja. La España que trabaja, estudia o malvive en la precariedad o la marginalidad ya tiene tras de sí decepciones muy potentes. Unidas Podemos y su líder Pablo Iglesias tendrán que realizar gestos y discursos muy finos para que el desencanto no cale hondo en las mentes atribuladas de las gentes trabajadoras y no volvamos al punto de partida parido por la transición, más bipartidismo con derechas nacionalistas periféricas sacando tajada de una España eterna e inmovilista. Y, por ende, capitalista, católica y conservadora sociológica y culturalmente hablando. Gran parte de España vive hoy un sueño de progresismo, tal y como lo tuviera en su tiempo Martin Luther King. Ya sabemos qué hicieron con Luther King las fuerzas tenebrosas del irracionalismo fascista.

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