Según la auditoría, los abusos en la Iglesia católica suman las 4.000 víctimas

El secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán, presentó ayer los últimos datos de denuncias de abusos llegadas a las doscientas oficinas que la Iglesia española ha creado en diócesis, congregaciones y centros eclesiásticos para tratar de conocer la realidad de las agresiones sexuales

Estas cifras oficiales arrojan un total de 927 víctimas y 728 abusadores desde los años 50 a la actualidad, lo que supone muchos menos que los apuntados por las distintas investigaciones periodísticas, y una cifra cuatro veces inferior a las prospecciones apuntadas por la auditoría encargada por los mismos obispos al bufete Cremades&Calvo Sotelo.

De hecho, los primeros datos de esta investigación apuntan a una cifra (necesariamente conservadora, al tratarse de una auditoría de parte) de alrededor de 4.000 víctimas. Muchas menos de las que la cúpula eclesial española reconoce ahora en su informe Para dar luz sobre las víctimas de abusos sexuales a menores en España.

De los 728 abusadores, el 99% son hombres, aunque entre las víctimas hay un 17,38% son mujeres y un 82% de hombres. Más de la mitad de los agresores (el 52%, 378), son sacerdotes, aunque hay algunos que son religiosos o religiosas no ordenados (208), y 92 laicos. También hay 23 testimonios en los que el denunciante no supo la condición eclesial del agresor, o se trataba de un diácono.

Dos de cada tres abusadores han fallecido, aunque un 36,4%, más de 300, están vivos, pero no han sido juzgados. En relación a la fecha en la que se cometieron los abusos, ordenados por décadas, los datos muestran que más del 80 % de los casos se produjeron en el siglo XX, y el 75% antes de 1990. Así, hubo dos casos anteriores a 1950; 40 en la década de los 50; 137, en los 60; 172, en los 70; 127, en la década de los ochenta; 45 entre 1990 y 2000; y 114 en este siglo (20 en la primera década, 60 en la segunda, y 34 en estos últimos dos años y medio). 91 casos de abusos están sin datar.

Los datos, aclaró la Conferencia Episcopal, no incluyen las cifras que puedan ofrecer tanto el Defensor del Pueblo como la auditoría de Cremades&Calvo Sotelo, que la Iglesia espera cotejar cuando se produzcan. Algo difícil de prever, dado el retraso del bufete, y la paralización de los trabajos parlamentarios tras la convocatoria anticipada de elecciones generales.

Junto a la presentación del informe, César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal, mostró su «dolor y vergüenza» por la existencia de abusos a menores en la Iglesia, en un acto en el que hubo víctimas presentes que no pudieron tomar la palabra.

Los obispos insisten en que sus prioridades son las víctimas y la reparación, aunque no se habló de indemnizaciones. «Miembros de esta Iglesia han dañado a miembros de la Iglesia y de la sociedad, en su vulnerabilidad e inocencia más absoluta», subrayó Magán.