Los servicios sociales de la Comunidad de Madrid vuelven a ser los peor evaluados en 2020, según el Índice DEC

Además, la excesiva burocratización y los procedimientos farragosos imposibilitan el acceso de muchas personas a las ayudas sociales

La Comunidad de Madrid ha vuelto a estar en 2020 a la cola en la evaluación de los servicios sociales con una nota de 3,20 puntos, la misma de 2019, y lejos de la media nacional (5,33).

La Asociación estatal de directores y gerentes de servicios sociales publica anualmente el Índice DEC (Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales), informe que mide y evalúa el desarrollo de las estructuras y presupuestos de los Servicios Sociales que atienden las necesidades de más de ocho millones de personas en España. En el último informe, correspondiente al 2020, la Comunidad de Madrid es una de las que menos presupuesto ha invertido en servicios sociales de toda España, con un importe de 2,39 millones de euros. De este modo, la región destinó a servicios sociales únicamente el 1,041% de su PIB, el más bajo de los porcentajes regionales y la mitad de lo que destina, por ejemplo, Navarra (2,37%).

Asimismo, el informe pone en evidencia las «extraordinarias diferencias» entre territorios, que suponen una gran desigualdad de oportunidades reales para hacer efectivos derechos básicos de las personas, en función de su lugar de residencia. Así, mientras muchas comunidades tienen ya legislación, desarrollo normativo y planificación, la Comunidad de Madrid y la de Murcia siguen sin tener una Ley de nueva generación.

Otra conclusión que confirma la aplicación del Índice DEC, es que el éxito en el desarrollo de los servicios sociales no solo tiene que ver con el mayor o menor esfuerzo económico que realizan las Administraciones Públicas. Para los autores del informe, una de las claves que pueden explicar la eficiencia en el gasto es el grado de descentralización de servicios en las administraciones locales.

Otro de los aspectos sobre los que pone el foco el informe es sobre la complejidad burocrática, ya que los trámites «farragosos» se han incrementado y «constituyen auténticas barreras que dificultan que las personas puedan hacer uso efectivo de las prestaciones y servicios sociales cuando más los necesitan». «Más allá de los datos, sigue planeando la amenaza de convertir los Servicios Sociales en simples oficinas de procedimiento, acreditación y clasificación de la ciudadanía (checking social) en función del cumplimiento de requisitos para acceder a diversas ayudas que se establecen ante situaciones de pobreza», puntualiza el informe.

Así, lejos de mejorar, la complejidad burocrática y los trámites farragosos se han incrementado, y constituyen «auténticas barreras que dificultan que las personas puedan hacer uso efectivo de las prestaciones y servicios sociales cuando más los necesitan».

Para la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, las administraciones se están «alejando de la ciudadanía y los servicios sociales vuelven a una deriva asistencialista, ya que, ante la incapacidad de los servicios públicos para responder con agilidad y eficacia a las necesidades más básicas de las personas, son organizaciones del «tercer sector» quienes asumen esta respuesta». Como ejemplo mencionan el Ingreso Mínimo Vital, «la gran esperanza para el sector y, especialmente, para tantos cientos de miles de familias en situaciones de extrema precariedad económica, pierde en gran parte su potencialidad por la falta de procedimientos ágiles y la exigencia de complejos e incomprensibles requisitos, que hace que tres de cada cuatro solicitudes hayan sido rechazadas».

En el caso de la dependencia, además de la debilidad de su financiación «los procedimientos farragosos son, en gran medida, la causa de que se mantengan decenas de miles de personas en el limbo de la valoración o de la atención, y que muchas de ellas fallezcan sin ser atendidas ».
Igualmente, «los procedimientos innecesariamente complejos son la causa de que muchas personas desistan de solicitar ayudas a los servicios sociales de las entidades locales para atender sus necesidades más básicas, y lo hagan a entidades del tercer sector, que pueden ofrecer respuestas más inmediatas a situaciones que así lo requieren, como comer, pagar el alquiler o gastos de la vivienda». «Incluso estamos viviendo la vergüenza de que los propios servicios sociales municipales deriven a sus usuarios a estas entidades privadas, ante la evidencia de que con sus procedimientos son incapaces de responder a necesidades tan básicas con la agilidad que se precisa», sostienen los autores del Índice DEC.