El próximo 6 de octubre se convoca en Madrid una jornada de denuncia contra el Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia

La jornada ‘Recuperando nuestro patrimonio público’ está promovida por la Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia

La jornada ‘Recuperando nuestro patrimonio público’ que se realizará el sábado, 6 de octubre, se iniciará a las 11 horas, con la presentación en el Registro del Congreso de las iniciativas de la Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia. A las 12 horas, se realizará una concentración ante el Congreso. A las 18 horas, se analizará la situación actual de los bienes de la Iglesia, con el fin de generar propuestas. La mesa redonda tendrá lugar en la Sala de las 13 rosas, segunda planta del edificio de Comisiones Obreras, en la Calle Lope de Vega. Al final de la jornada, se presentará también la Plataforma Recuperando Madrid.

La Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia, constituida como una entidad sin ánimo de lucro, tiene como objetivo la recuperación del patrimonio inmatriculado por la Iglesia católica al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946 y normativas posteriores, hasta su derogación por la Ley 13/2015.

En términos del Derecho, la inmatriculación es la primera inscripción en el registro de la propiedad de un inmueble. Según el artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946 y el Reglamento de esta ley de 1947, se reconoce a la Iglesia, concretamente a los obispos, como fedatarios públicos, para inmatricular bienes. Esta ley franquista concede un privilegio a la Iglesia, como regalo a su inestimable colaboración en la Guerra Civil y en la dictadura de Franco. Esta ley se mantuvo vigente hasta el 2015, año en que quedó derogada por el Tribunal de Estrasburgo. En todo ese tiempo, el único que modificó la ley para privilegiar aún más a la Iglesia fue el gobierno de Aznar, en 1998. Con esta modificación, la Iglesia católica inmatriculó “a la luz de la legalidad” un total de 34.961 bienes en España, con el consentimiento de los gobiernos tanto del PSOE como del PP.