La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública expone sus exigencias de cara a las autonómicas y europeas

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) solicita a los partidos un giro en las políticas sanitarias europeas y autonómicas que blinde mejoras en los servicios de salud.

En este sentido, la entidad ha expuesto sus exigencias de cara a las elecciones municipales, autonómicas y europeas convocadas para el próximo 26 de mayo.

En cuanto a la política europea, como propuesta estrella, Fadsp considera necesario crear y hacer efectiva una Carta del Derecho a la Salud de la ciudadanía de la UE acordada en la Conferencia de Bruselas en 2010, con la participación de entidades de la UE, entre ellas la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.

La Fadsp considera necesario crear y hacer efectiva una Carta del Derecho a la Salud de la ciudadanía de la UE: «la experiencia demuestra que en la Unión Europea se ha desarrollado sobre todo el eje económico, que ha propiciado una economía de corte neoliberal y de control de gasto, por encima del eje político, escasamente desarrollado y del eje social que prácticamente no ha tenido protagonismo, y en este aspecto entra el derecho a la salud que se queda en pronunciamientos genéricos»; «es decir que mientras se establecieron objetivos claros, cuantificados y de obligatorio cumplimiento en materia económica para el desarrollo e implantación del mercado, no se definieron con la misma concreción objetivos de naturaleza política y social», denuncia la organización.

Elecciones Autonómicas
Entre las exigencias para los distintos gobiernos que salgan de las próximas elecciones autonómicas está la finalización del proceso de transferencias iniciado en 2001: «la Sanidad es una competencia casi exclusivamente autonómica, a lo que hay que sumar la falta de sistemas eficaces de cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS), por ello este proceso electoral es de especial importancia en el ámbito de la salud porque va a definir la política sanitaria de las CC.AA»; «este proceso electoral es de especial importancia en el ámbito de la salud porque va a definir la política sanitaria de las CC.AA», indica la entidad .
Las propuestas que Fadsp plantea para la recuperación de la sanidad pública y el derecho a la salud están la derogación del Real Decreto Ley 16/2012 garantizando el derecho a la salud de todas las personas y eliminando los copagos o recuperar las dotaciones de personal e infraestructuras que existía previamente a los recortes, incrementando la dotación de personal de los servicios sanitarios y volviendo a poner en funcionamiento las camas y quirófanos, puntos de atención continuada y consultas cerradas, y garantizando una utilización intensiva de los recursos de la sanidad pública.

La sanidad pública madrileña
En 2003, como Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre cedió parte de la Sanidad Pública madrileña a grandes empresas, la mayoría constructoras (entre ellas Acciona, Sacyr-Vallehermoso, Hispánica, Begar-Ploder, ACS, FCC, procedentes del sector inmobiliario, sin ninguna experiencia previa en el ámbito sanitario), para que se enriquecieran con el negocio de la salud.

Tal y como se indica en el ensayo Tu salud, nuestro negocio , de la periodista Mariela Rubio Jiménez, un exhaustivo análisis de cómo se inició y quiénes fueron los beneficiarios de la privatización de la sanidad pública madrileña: «Aguirre encontró 20 hospitales de gestión 100% pública y una Consejería de Sanidad responsable de los recursos humanos de todos ellos. Hoy en día, prácticamente uno de cada tres hospitales es de gestión privada, total o parcialmente».
Juan José Güemes, Consejero de Sanidad del PP, fue el encargado de iniciar el proceso privatizador de Esperanza Aguirre. Con tal fin, reunió a un grupo importante de grandes empresarios en el Hotel Ritz, en un encuentro que tuvo como lema “Aproveche las oportunidades de negocio para su empresa”. El negocio, a costa de la salud de los madrileños, no solo abarcaba los hospitales, también la privatización de los análisis clínicos, la autorización de los bancos privados de cordón umbilical y hasta la extracción de sangre cedida a la Cruz Roja mediante un convenio especial con la Consejería de Sanidad (esta privatización supone un notable encarecimiento de los costes de la extracción y además poner en manos privadas una donación altruista como es la sangre, para ser explotada con criterios económicos). Además, los enfermos, sin necesidad alguna, son derivados a los centros privados (derivaciones para intervenciones quirúrgicas en el 58,7% de los casos y para pruebas diagnósticas en el 67,4%).
Güemes cedería el testigo a Javier Fernández Lasquetty en 2010. Este continuaría el proceso hasta dibujar el mapa considerado como la obra sanitaria de la Era Aguirre: los hospitales de Valdemoro, Móstoles II y Collado-Villalba (todos ellos en manos de Capio); el Hospital de Torrejón (en manos de Ribera Salud, que después vendería su parte a Sanitas); el Hospital Infanta Sofía (en San Sebastián de los Reyes), el Hospital del Sureste (en Arganda), el del Henares (en Coslada), el Infanta Leonor (en Vallecas), el Hospital Infanta Cristina (en Parla), el del Tajo (en Aranjuez) y el Puerta de Hierro (en Majadahonda): todos ellos «encargados a empresas constructoras a las que se les paga un canon por la amortización de la construcción de los edificios y el mantenimiento de los mismos. Además, dicha entidades, agrupadas en UTEs (Unión Temporal de Empresas), explotan también los servicios no sanitarios de los hospitales (lavandería, cocina, celadores, administración, archivos), y la Comunidad también paga por ello».