Europa Laica propone no optar por las casillas destinadas a la asignación a la Iglesia católica y la de fines de interés social en la Declaración de la Renta 2017

Desde Europa Laica proponemos suprimir las casillas de asignación a la Iglesia Católica y la de fines de interés social, ya que ello depende de cada CCAA, y sí marcar la de “Sin asignación” o la de “Fines gestionados por el sector Público”.

En el caso del no a la casilla de la “Iglesia Católica” es para que ni el culto, ni el clero, ni el proselitismo religioso se financie con fondos públicos, además de que, en nuestra opinión, este sistema vulnera diversos principios constitucionales. La propia Iglesia católica en los Acuerdos Económicos de 1979, se comprometió a su autofinanciación progresiva.

Y la del no a los “Fines de interés social” —quizá más difícil de entender por parte de algunos— es porque una parte considerable de esta asignación va también a entidades de la propia Iglesia católica, ya que no se puede decidir a qué organización social concreta va nuestro apoyo (como sí ocurre con la casilla de la Iglesia), hecho irregular e injusto. Y porque, en todo caso, los “Fines de interés social” que así se consideren no deben depender de la voluntad anual de los contribuyentes, sino de un plan de financiación estatal adecuado y aprobado en el Parlamento y en el ámbito de las CCAA y en los municipios, en su caso. Y, finalmente, porque el espíritu solidario que se presupone anima a quien marca la casilla de “Fines de interés social” no tiene sentido que se lleve a cabo con el dinero de todos. El que quiera ser solidario que lo haga de su propio bolsillo, pero no a costa de los impuestos y de la hucha común.

Igualmente, la financiación de la Iglesia católica a través de la Declaración de la Renta es injusta y presuntamente ilegal, ya que el montante asignado se resta del fondo común de todos. Es decir, los que marcan la casilla no pagan un 0,7 más, sino que lo detraen del conjunto de todo lo recaudado anualmente.

El culto y el clero de cualquier organización religiosa y de las organizaciones a su servicio, deberían estar financiados, exclusivamente y de forma voluntaria, por las personas que son fieles o se sienten atraídas por esa doctrina religiosa. La propia Iglesia católica en los Acuerdos Económicos de 1979 se comprometió a su autofinanciación progresiva. El pacto no solo no se ha cumplido, sino que, en su día, un Gobierno del PSOE lo incrementó a partir de 2007 a cambio prácticamente de nada.

Esta circunstancia nos da pie para exigir al Estado que los Acuerdos Concordatarios con la Santa Sede se denuncien. Y que de una vez por todas se anule el Concordato de 1953 que sigue vigente en algunos de sus apartados.

Además de todo lo argumentado anteriormente, estos Acuerdos Concordatarios, según muchos expertos, no tiene carácter internacional y, además, actúan en contra de diversos principios de la propia Constitución.