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¡Zas! Madrid | June 19, 2019

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En España crece la desigualdad y la pobreza, según el informe de Oxfam Intermón - ¡Zas! Madrid

En España crece la desigualdad y la pobreza, según el informe de Oxfam Intermón
Redacción Zas Madrid

España es el cuarto país con mayor desigualdad de la Unión Europea

Oxfam Intermón acaba de publicar su Informe Desigualdad 1-Igualdad de oportunidades 0, para coincidir con el inicio del Foro de Davos

El informe —profusamente documentado y repleto de gráficos y datos objetivos, que se pueden consultar en la web: www.oxfamintermon.org— constata que la desigualdad iniciada en España durante la crisis, no solo continúa, sino que crece.

Según verifica la organización, España sigue siendo el cuarto país más desigual de la Unión Europea y, tras Bulgaria, el segundo en el que la distancia entre ricos y personas empobrecidas ha aumentado más. Ni el empleo, ni la protección social han logrado la reducción de la pobreza y la redistribución de ingresos.

La desigualdad se cronifica
La desigualdad de renta aumentó fundamentalmente por un descalabro de los hogares de ingresos más bajos que no se han recuperado con el crecimiento económico. El año pasado, aumentaron en 16.500 los hogares en los que no entraba ningún tipo de ingreso, alcanzando los 617.000. También crece el número de ricos. Los ultramillonarios (personas cuyos activos netos equivalen o superan los 40 millones de euros) aumentaron en un 4%.
Desde el inicio de la recuperación, el crecimiento económico ha beneficiado desproporcionadamente a las rentas altas. Durante el último año, el 1% más rico de España acaparó 12 de cada 100 euros creados; mientras que el 50% más pobre se repartió 9 de cada 100.
La desigualdad en riqueza también ha aumentado especialmente por un incremento del acaparamiento de la misma en las manos de los más ricos, algo que apenas ha variado desde el inicio de la recuperación. El 1% más rico tiene el 24,42 de cada 100 euros de riqueza, mientras que el 50% más pobre se tiene que repartir 7 euros de cada 100.
El impacto de la desigualdad se intensifica si no hay movilidad de ingresos, ya que las consecuencias negativas y positivas de la desigualdad se concentrarán siempre en las mismas personas. Unas vivirán siempre las consecuencias de la pobreza y tendrán vidas más cortas, peor salud y menos oportunidades; y otras acapararán de por vida los privilegios de contar con más ingresos.

España no sólo es más desigual, es más inmóvil, especialmente en los extremos: pobres y ricos se repiten más que en otros países desarrollados.
Los vaivenes se concentran en las clases medias, siendo la clase media-baja especialmente vulnerable en tiempos de crisis. España es el segundo país de la OCDE en el que la crisis arrastró a más familias de ingresos medios-bajos al 20% más pobre de los hogares.
Tras la crisis, la sociedad se polariza a consta de un adelgazamiento de las clases medias. Hay menos población de clase media y tienen menos ingresos.
La crisis ha destapado la incapacidad del sistema de protección social español contra la pobreza para rescatar a la población y reducir la pobreza. La tasa de pobreza aumentó en 5,8 puntos con la recesión hasta alcanzar al 24,6% en la población menor de 65 años y sólo ha bajado 1,4 puntos. La pobreza aumentó cuatro veces más de lo que se ha recudido desde la recuperación.

Determinados grupos han sido especialmente vulnerables y han quedado en mayor grado fuera de la recuperación económica: migrantes, mujeres y personas sin estudios.
No solo el sistema no es capaz de reducir la pobreza, sino que esta es ahora más aguda. Hay más personas empobrecidas y, sin embargo, el porcentaje de renta nacional que se tienen que repartir no ha variado.
En el otro extremo, los ricos son más y con más ingresos. Acumulan 1 de cada 4 euros, una participación mayor incluso que en los 70, y pese a que hay mayor número de personas del nivel alto de ingresos, su renta ha aumentado proporcionalmente más.

Qué se está haciendo mal
El informe de Oxfam Intermón confirma que los hogares de renta media y baja dependen de dos fuentes de ingresos: los salarios y las transferencias públicas; la primera genera desigualdad y la segunda no consigue reducirla como debiera. El sistema impositivo tampoco contribuye con todo su potencial a redistribuir ingresos.

En cuanto al empleo, la continua reducción del peso de los salarios en la economía, azuzada por la devaluación salarial —especialmente de aquellas personas con menor retribución, donde abundan las mujeres— y la precariedad, es una de las mayores causas de la desigualdad en nuestro país. Los salarios son bajos y el empleo precario. Si se tiene en cuenta la inflación, los salarios se redujeron un 1,8%. El 51,65% de las personas asalariadas inscritas al Régimen General de la Seguridad Social tienen un contrato temporal, parcial o ambas cosas.

Como consecuencia, el mercado laboral español genera mucha menos clase media que en otros de su entorno: 12,5 puntos porcentuales menos que en Francia y 16,4 puntos que en Suecia. Diferencias que no se explican únicamente por una mayor tasa de desempleo.

La desigualdad ocasionada por la reducción del peso de los salarios en el PIB es el resultado de la combinación de una estructura ocupacional basada en empleos de bajo valor añadido con un marco legal que ha ido cambiando para facilitar la contención salarial y las formas atípicas de empleo. Las personas trabajadoras reciben menos y más va a parar a accionistas y rentas de capital.

Protección social
España desaprovecha el gran potencial que tienen las transferencias públicas para reducir la desigualdad: ocupa el quinto lugar que menos redistribuye ingresos de toda la Unión Europea, lo que denota un gran potencial de mejora. Baja el Gini 8 puntos porcentuales menos que la media comunitaria.
Una de las principales debilidades del sistema de protección social español es la infradotación de las transferencias públicas que no son las pensiones: rentas de inserción, ayudas a la crianza o a la vivienda, entre otras, que, ineficientes y mal diseñadas, limitan la capacidad para reducir la pobreza. Sin tener en cuenta las pensiones, se dedican 6,8 puntos porcentuales menos de PIB a protección social que Francia y 2,7 menos que la media comunitaria.
El sistema de protección social español es eminentemente contributivo, lo que quiere decir que se financia fundamentalmente con aportaciones de las personas trabajadoras a la Seguridad Social y en menor medida con fondos provenientes de los Presupuestos Generales. Esto lleva a que se repliquen las desigualdades del mercado laboral: aquellas personas que pudieron aportar más por haber tenido más ingresos, reciben más. Las mujeres, los jóvenes en situación de precariedad o la infancia son los grandes perjudicados de que España no cuente con mayor inversión en protección social no contributiva que complemente a aquella que se articula a través de la Seguridad Social.
El resultado es que gracias al sistema de transferencia de rentas no salen de la pobreza ni una de cada cuatro personas; en Dinamarca, Irlanda o Finlandia se reduce la pobreza en una de cada dos. Además, el sistema es altamente regresivo: los hogares de más renta reciben transferencias por parte del Estado más altas que los de renta baja.

Recaudación fiscal
España recauda poco: la presión fiscal sobre el PIB es del 34,5%, 6,9 puntos inferior a la media de la zona Euro, muy lejos de países con economías comparables a la nuestra como Francia o Italia (48,4% y 42,4% respectivamente). La caída de la presión fiscal durante la crisis fue mucho mayor que la de otros países europeos y al ritmo de recuperación se necesitarán nueve años en alcanzar la media europea.
Además, esta caída vino acompañada de una reducción del peso de la recaudación proveniente de empresas y rentas de capital y un aumento de la contribución de familias y asalariados, reduciéndose la progresividad del sistema.
A pesar de que las empresas hace tiempo que recuperaron su nivel de beneficios, se recauda la mitad que antes de la crisis. La evasión y elusión fiscal, así como un sistema ineficiente de beneficios fiscales hacen que los tipos efectivos disten mucho de los nominales. Las empresas del IBEX cuentan con casi mil filiales en paraísos fiscales.
Como resultado, la capacidad redistributiva del sistema tributario español es poca.

El Objetivo 10 compromete a los Estados a reducir la desigualdad y la meta 10.4 es especialmente relevante para el caso español, la quinta economía europea, pero el cuarto país más desigual de la Unión Europea.

¿Qué objetivos y políticas públicas son necesarias?
Dados los impactos sociales y económicos de la desigualdad, la reducción de la misma debería ser un objetivo prioritario de cualquier proyecto político y ocupar las primeras páginas de los programas electorales. Es un objetivo justo, urgente e impostergable, al que obliga los compromisos internacionales adquiridos con la firma española de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

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