Amnistía Internacional urge a la Comunidad de Madrid a trabajar en el ámbito de la atención primaria

La organización Amnistía Internacional, después de contactar con veintiún centros sanitarios de la Comunidad de Madrid, denuncia que se atienden diariamente entre 45 y 100 pacientes, que las listas de espera pueden llegar hasta las dos semanas y que la mayoría de las bajas del personal sanitario no se cubren

Según la organización, la degradación del Servicio de Atención Primaria de Salud —ya deteriorado como consecuencia de las políticas de austeridad que le marginaron de manera especial en la última década— está llegando a unos niveles tan preocupantes que provocan un riesgo en el derecho al acceso la salud de los pacientes en la Comunidad de Madrid. «Aunque el déficit de personal es general, la atención primaria en Madrid corre el riesgo de dejar sin acceso al derecho a la salud a muchas personas en un sistema que puede colapsar si no se hace algo por evitarlo», asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

La mayor parte del personal sanitario consultado por la organización coincide en señalar la carga de pacientes que tienen que atender al día. «Antes de la pandemia teníamos seis minutos por paciente, ahora mismo los están citando cada tres minutos aproximadamente. Pero es que cuando una persona termina de explicar qué le duele, cómo se siente, tú le tienes que hacer preguntas y eso, en tres minutos, no da tiempo», señala Nelson, médico de familia residente de cuarto año en el Centro de Salud San Fermín de Usera.

Según Amnistía, los profesionales de estos centros sanitarios atienden, entre llamadas telefónicas, presenciales y algunas visitas domiciliarias, a un número que oscila entre 45 y 100 pacientes al día. Jorge, otro médico de Villaverde, declaraba que «puede parecer que 50 pacientes al día son pocos, pero si lo piensas, es una animalada, porque si multiplicas 50 por 10 minutos, que es lo que deberíamos atender a cada uno como media, son 500 minutos. Es decir, son casi nueve horas sin levantarte de la silla. Todo lo que pase de treinta pacientes al día es excesivo. Porque hay algunos que te llevan un minuto, pero otros te llevan 45». Berta Herranz, médica de familia en Parla, indica que reciben entre 210 y 230 llamadas al día. «Eso nos tiene desbordados y hace que haya días en los que se queden sin responder unas 150 llamadas porque solo hay un médico al teléfono».

Asimismo, la organización ha constatado que tampoco se están cubriendo una buena parte de las bajas por enfermedad o vacaciones. Es algo en lo que coincide la mayor parte del personal entrevistado por la organización, que señala que, a pesar de que muchos profesionales han enfermado con la pandemia, en un país con uno de los mayores índices de profesionales sanitarios afectados del mundo (más de 63.000), tampoco se cubren muchos de aquellos que, por edad o por riesgo, no pueden atender casos de COVID-19.

El personal sanitario también coincide en que las pocas veces en que se cubren las bajas, las condiciones en las que se contrata a los sustitutos son muy inestables laboralmente, con contratos de pocos meses en los que tienen que cambiar de centro de salud cada día. «El trabajo del médico de familia consiste en conocer a sus pacientes. Si trabajas cada día en un sitio, no conoces a los equipos, ni a la gente. Son contratos basura, por eso muchos residentes terminan cogiendo contratos en urgencia hospitalaria, aunque no sea su especialidad, porque son contratos más estables», señala Carmen Pardo, sanitaria en Vallecas.

Amnistía Internacional muestra su preocupación por los pacientes con otras patologías que no sean la COVID-19 y con enfermedades crónicas que se están dejando de atender, y lamenta que el derecho a la salud esté en riesgo, tal y como señalan algunos profesionales sanitarios.

Por estas razones, la organización urge a la Comunidad de Madrid, a través del Servicio Madrileño de Salud, a trabajar en el ámbito de la atención primaria, incrementando los recursos humanos, tanto de personal sanitario como administrativo, para asegurar el acceso y calidad del derecho a la salud de la población madrileña.