Numerosos científicos afirman que las tecnologías inalámbricas, como la 5G, son cancerígenas

Existen más de 150 movimientos STOP 5G repartidos por todos los continentes

La tecnología 5G se está haciendo sin evaluar sus posibles efectos sanitarios y ambientales, a pesar de los contundentes y numerosos llamamientos científicos a aplicar el principio de precaución.

En todo el mundo se está produciendo el despliegue acelerado de la tecnología 5G. Vodafone ha anunciado en España que lanzará nuevos servicios gratuitos 5G en quince ciudades, destacando los grandes beneficios de esta nueva tecnología; pero, paralelamente, se está produciendo una movilización de científicos a nivel internacional que alertan de sus riesgos potenciales.

Cuando se introduce una nueva tecnología en el mercado, previamente se ha investigado en un laboratorio con células y animales para demostrar su inocuidad para las personas y el medio ambiente. Pero en el caso del 5G no es así.

En 2017, Hardell, científico en base a cuyas investigaciones epidemiológicas la OMS declaró las tecnologías inalámbricas como cancerígeno de nivel 2B, encabezó un llamamiento firmado por 180 científicos pidiendo a la Unión Europea una moratoria del despliegue del 5G hasta que se demuestre su inocuidad, pues ya se han publicado miles de artículos científicos que evidencian el daño producido por las anteriores tecnologías inalámbricas para la salud de las personas, pero también para los animales y para las plantas. Sin embargo, el 5G no se ha investigado previamente a su introducción. En 2018 se puso en marcha un nuevo llamamiento científico firmado ya por más de 100.000 investigadores, médicos, asociaciones y ciudadanas de 187 países pidiendo a la OMS y a la ONU que se detenga el despliegue hasta contar con evidencias de inocuidad. Numerosos científicos han escrito a políticos, senadores y gobernadores pidiendo una moratoria.

A finales de 2018 el SCHEER, Comité Europeo de Riesgos Emergentes, clasificó en su informe de riesgos con un 3 sobre 3 el daño potencial para la fauna salvaje que se puede producir por el aumento de contaminación electromagnética debido al despliegue del 5G.

De hecho, algunos políticos han atendido a las advertencias científicas. La ministra de Medio Ambiente de Bruselas ha bloqueado el despliegue 5G alegando que no está dispuesta a que los habitantes de Bruselas se conviertan en “conejillos de indias”. Cantones suizos, a los que pertenecen ciudades tan importantes como Ginebra o Lausana, también han bloqueado el 5G hasta que se investiguen sus posibles efectos sobre la salud. Alcaldes como el de la ciudad italiana de Morino también se han opuesto a este despliegue. Ayuntamientos como el de Florencia han firmado una moción por la que se reclama que se aplique el principio de precaución.

Igualmente, la ciudadanía se está movilizando a nivel mundial. Existen más de ciento cincuenta movimientos STOP 5G repartidos por todos los continentes.

Ecologistas en Acción y la Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética han denunciado las aportaciones públicas al Plan Nacional 5G que este se ha puesto en marcha sin realizar una evaluación de impacto sobre la salud, como determina la Ley General de Salud Pública. Igualmente, la Ley de Telecomunicaciones de 2014 preveía la constitución de un Comité Interministerial sobre Radiofrecuencias y Salud, pero no se ha creado en cinco años. Y ello a pesar de que el Defensor del Pueblo ha hecho varios requerimientos para ello al Ministerio de Sanidad del gobierno del PP y al Ministerio de Industria del gobierno del PSOE. Es decir, no existe un órgano que realice un seguimiento de los posibles efectos para la salud de este tipo de tecnología.

Para Ecologistas en Acción y la Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética el despliegue de la tecnología 5G supone un incremento exponencial de la contaminación electromagnética, ya que se emplearán nuevas frecuencias, se desplegarán millones de nuevas antenas y se van a poner en órbita miles de satélites en todo el mundo.

En opinión de Ecologistas en Acción «estamos siendo víctimas de un despotismo tecnológico», ya que los «políticos y medios de comunicación parecen estar más al servicio de la tecnología que de la ciudadanía».