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¡Zas! Madrid | May 24, 2018

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La Ley Mordaza o de cómo criminalizar la protesta ciudadana - ¡Zas! Madrid

La Ley Mordaza o de cómo criminalizar la protesta ciudadana
Emilia Lanzas

La mayoría parlamentaria, es decir el PP, acaba de aprobar la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (conocida como Ley Mordaza), que impone medidas represivas y acciones para acabar con cualquier tipo de protesta o de manifestación.

 

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Entre las novedades que incluye la citada Ley se encuentran la restricción de las manifestaciones ante las sedes legislativas y los edificios públicos; y la posibilidad de considerar responsable de una manifestación a quien haga una publicación o declaración de convocatoria de la misma como, por ejemplo, retuitearla (artículo 30.3: “A los efectos de esta ley se considerarán organizadores o promotores de las reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones las personas físicas o jurídicas que hayan suscrito la preceptiva comunicación. Asimismo, también se considerarán organizadores o promotores quienes de hecho las presidan, dirijan o ejerzan actos semejantes, o quienes por publicaciones o declaraciones de convocatoria de las mismas, por las manifestaciones orales o escritas que en ellas se difundan, por los lemas, banderas u otros signos que ostenten o por cualesquiera otros hechos pueda determinarse razonablemente que son directores de aquellas“).

Otra de las conductas que será sancionable es la de publicar en las redes sociales imágenes de un agente de Policía (artículo 36.26: “El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información“).

Del catálogo de infracciones graves son intolerables, entre otras: desobedecer o resistirse a la autoridad, usar capucha, obstruir el ejercicio de la policía, manifestarse y reunirse sin comunicarlo, ofender a España o alguna comunidad autónoma o animar públicamente a “alterar la seguridad ciudadana”, no seguir el itinerario marcado en una manifestación e, incluso, jugar en la calle si se perturba la seguridad ciudadana o retirar una valla.

Otra de las consecuencias de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana es que los supuestos de hecho que regulaba el Código Penal (en concreto, en los juicios de faltas), pasarán a la vía administrativa. Antes, cuando un ciudadano cometía un delito de esta índole era un juez de lo Penal el que se encargaba de juzgarlo determinando de esta forma su culpabilidad o inocencia. Ahora, con esta nueva ley, es el agente de Policía el que interpreta en primera instancia si alguien está incumpliendo la ley, pudiendo imponer una multa si así lo cree oportuno. En estos casos (y solo después de haber sido sancionado), el ciudadano tendrá que recurrir por la vía contencioso-administrativa para demostrar su inocencia.

Todo ello lleva a pensar que con la Ley Mordaza España experimentará una regresión autoritaria con un marco jurídico equiparable al de la franquista Ley de Orden Público –promulgada en 1959–, difícilmente compatible con la libertad de reunión y de manifestación, presentes en la actual Constitución, esa que el PP también dice defender.

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