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¡Zas! Madrid | October 24, 2017

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El PP aumenta la financiación a la educación segregada en la Comunidad de Madrid

El PP aumenta la financiación a la educación segregada en la Comunidad de Madrid
Redacción Zas Madrid

Financiar la educación segregada ha supuesto 341,8 millones de euros para las arcas públicas de la Comunidad de Madrid

●El dinero público para financiar los colegios con educación segregada aumenta cada curso escolar

●Los centros vinculados al Opus Dei han recibido la mayor parte del presupuesto: el 70% del total

El número de colegios madrileños que segregan por sexos y que reciben financiación pública se ha disparado durante los últimos gobiernos del Partido Popular. Si en el curso 1999-2000 solamente había cuatro centros, en la actualidad suman ya dieciocho. La aportación económica regional ha pasado durante este periodo de 4,1 millones de euros a 39 millones por curso escolar.

El aumento presupuestario destinado a la educación segregada no ha parado de crecer en estos diecinueve años. El punto de inflexión llegó con el Gobierno de Esperanza Aguirre. Cuando tomó posesión el equipo de la expresidenta del PP de Madrid se potenció este modelo concertando colegios a entidades religiosas que no mezclaban a niños y niñas en las clases. Cuando Esperanza Aguirre tomó posesión de su cargo, existían cinco centros de este tipo y, tras nueve años de mandato, esa cifra se triplicó hasta los diecisiete.

Cifuentes destina más dinero
A pesar de que durante el Gobierno de Cristina Cifuentes no se ha concertado ningún centro más que segregue por sexos, su ejecutivo es el que más dinero público ha destinado al modelo educativo de separación por sexos, en las últimas dos décadas. El curso pasado se alcanzó un máximo en la financiación de estos colegios, con un desembolso de 39 millones de euros. Actualmente 18.900 alumnos acuden a colegios que segregan por sexos, una cifra que representa el 1,6% del total de los estudiantes madrileños.

El aumento de dinero público para la educación segregada ha sido progresivo: en el curso 2005-2006 estos centros recibieron 8,7 millones; en 2009/2010, 21,9 millones; y en 2014-2015, 33,9 millones.

En total, desde comienzos del siglo hasta junio de este año, financiar la educación segregada ha supuesto 341,8 millones de euros para las arcas públicas de la Comunidad de Madrid. Aunque solo la mitad de los centros tienen una vinculación con el Opus Dei, en este periodo estos colegios han recibido la mayor parte del presupuesto: 239 millones de euros, una cifra que representa el 70% del total.

Colegios vinculados al Opus Dei
A lo largo del mandato de Aguirre, su Gobierno adjudicó conciertos a cinco colegios más vinculados al Opus Dei, bien por ser “obras corporativas” de la organización (Centro Educativo Andel, Fuenllana y Los Tilos) o, en el caso de Las Tablas Valverde y Los Olmos, por pertenecer a Fomento de Centros de Enseñanza, organización educativa que desde sus inicios les solicitó “que le ayudara a mantener viva su identidad cristiana” en las escuelas que gestionan en todo el país.

En esa época también se vio beneficiada la Fundación Arenales, dirigida por Alfonso Aguiló, docente que no era un desconocido en el mundo educativo ya que durante once años fue director del colegio Tajamar. Durante el Gobierno de Aguirre, y más tarde el de Ignacio González, esta compañía acaparó cuatro centros de este tipo.

Los cuatro colegios que más dinero público han recibido durante estos diecinueve años pertenecen al Opus Dei: Tajamar obtuvo 74,5 millones de euros; Fuenllana recibió 35,5 millones; a Las Tablas Valverde le concedieron 29,4 millones de euros y al colegio Senara, 24,5 millones de euros.

La Fundación Educatio Servanda —una institución que, tal y como indica su web, nace por iniciativa de un grupo de familias cristianas que deciden edificar un modelo educativo en comunión con sus obispos y con la ayuda de sacerdotes diocesanos— obtuvo en este periodo 16,3 millones. El director del centro que tienen en Alcorcón, Carlos Martínez, que está al frente del centro Juan Pablo II —uno de los colegios financiados por los gobiernos regionales—, fue denunciado ante la Fiscalía por la propia Comunidad de Madrid por comparar la ley contra la LGTBfobia con “el fanatismo terrorista”.

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