En 2003, como Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre cedió parte de la Sanidad Pública madrileña, pagada por todos los ciudadanos, a grandes empresas, la mayoría constructoras (entre ellas Acciona, Sacyr-Vallehermoso, Hispánica, Begar-Ploder, ACS, FCC, procedentes del sector inmobiliario, sin ninguna experiencia previa en el ámbito sanitario), para que se enriquecieran con el negocio de la salud. Aguirre con su liberalismo a ultranza, su defensa acérrima a favor del capital y de los grandes empresarios (aunque con su lenguaje cheli y populista juegue a servir al pueblo, esta “aristocrática y pizpireta millonaria que actúa con aire arrabalero”), no solo cedió la gestión de los hospitales a empresas privadas, sino que la Comunidad de Madrid comenzó a recompensarlas con sustanciosos cánones: un negocio muy rentable y seguro. Si es de nuevo elegida, Esperanza Aguirre continuará el proceso privatizador y, por ende, de recortes, hasta acabar definitivamente con la excelente Sanidad Pública que hasta ahora existía en la Comunidad de Madrid.

Tu salud, nuestro negocio, de la periodista Mariela Rubio Jiménez, supone un exhaustivo análisis de cómo se inició y quiénes fueron los beneficiarios de la privatización de la Sanidad Pública madrileña.  La privatización de este servicio tan necesario, pagado con las nóminas de todos los trabajadores madrileños, sufrió un cambio drástico con la llegada de Esperanza Aguirre a la Presidencia de la Comunidad en 2003:

“Aguirre encontró 20 hospitales de gestión 100% pública y una Consejería de Sanidad responsable de los recursos humanos de todos ellos. Hoy en día, prácticamente uno de cada tres hospitales es de gestión privada, total o parcialmente”.

Juan José Güemes, Consejero de Sanidad, fue el encargado de iniciar el proceso privatizador de Esperanza Aguirre. Con tal fin, reunió a un grupo importante de grandes empresarios en el Hotel Ritz, en un encuentro que tuvo como lema “Aproveche las oportunidades de negocio para su empresa”. El negocio, a costa de la salud de los madrileños, no solo abarcaba los hospitales, también la privatización de los análisis clínicos, la autorización de los bancos privados de cordón umbilical y hasta la extracción de sangre cedida a la Cruz Roja mediante un convenio especial con la Consejería de Sanidad (esta privatización supone un notable encarecimiento de los costes de la extracción y además poner en manos privadas una donación altruista como es la sangre, para ser explotada con criterios económicos). Además, los enfermos, sin necesidad alguna, son derivados a los centros privados (derivaciones para intervenciones quirúrgicas en el 58,7% de los casos y para pruebas diagnósticas en el 67,4%).
Güemes cedería el testigo a Javier Fernández Lasquetty en 2010. Este continuaría el proceso hasta dibujar el mapa considerado como la obra sanitaria de la Era Aguirre: los hospitales de Valdemoro, Móstoles II y Collado-Villalba (todos ellos en manos de Capio); el Hospital de Torrejón (en manos de Ribera Salud, que después vendería su parte a Sanitas); el Hospital Infanta Sofía (en San Sebastián de los Reyes), el Hospital del Sureste (en Arganda), el del Henares (en Coslada), el Infanta Leonor (en Vallecas), el Hospital Infanta Cristina (en Parla), el del Tajo (en Aranjuez) y el Puerta de Hierro (en Majadahonda): todos ellos “encargados a empresas constructoras a las que se les paga un canon por la amortización de la construcción de los edificios y el mantenimiento de los mismos. Además, dicha entidades, agrupadas en UTEs (Unión Temporal de Empresas), explotan también los servicios no sanitarios de los hospitales (lavandería, cocina, celadores, administración, archivos), y la Comunidad también paga por ello”.
Un negocio redondo al que la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública de Madrid (CAS) pone cifras para demostrar el estupendo negocio que las empresas propietarias de los hospitales han conseguido:

“No solo han recuperado ya el 100% de la inversión (en construcción y equipamiento de los hospitales), sino que ya acumulan 150 millones de euros de ganancias, por lo que hasta 2037 prácticamente todo serán beneficios”.

Peor asistencia, mayores costes y opacidad absoluta
Mientras las empresas a las que Esperanza Aguirre ha dado la gestión de los hospitales públicos ganan millones de euros, el deterioro de la sanidad madrileña va creciendo sustancialmente: listas de espera de semanas en atención primaria, disminución de recursos (tras abrir doce hospitales nuevos, el número de camas hospitalarias ha disminuido, y ello es debido a que se cerraron más camas en los centros de gestión tradicional de las que se abrieron en los centros privados y semiprivados), menguantes presupuestos y crecientes deficiencias del sistema, reducción del personal sanitario (7.500 trabajadores menos de 2009 a 2014), la lista de espera quirúrgica se ha incrementado notablemente, colapso en las urgencias sanitarias, infrautilización de los recursos públicos para favorecer las derivaciones al sector privado…
Este panorama de deterioro de la asistencia sanitaria ha supuesto, encima, un aumento exponencial de los costes. Por poner un ejemplo, los hospitales que tenían un coste de construcción de 701 millones euros, han recibido de la Comunidad de Madrid 5.200 millones de euros, sin contar los aumentos automáticos del canon anual (todos los contratos contemplan incrementos anuales).
Asimismo, los nuevos centros tienen una absoluta falta de transparencia por lo que conocer los indicadores reales de funcionamiento es prácticamente imposible y, por si esto fuera poco, la mayoría de las empresas privadas presentes inicialmente en las privatizaciones están vendiendo su participación a multinacionales como Lloyds Bank, LBIP o Centene, con lo que al final los centros pasan a estar en manos de fondos de inversión y de capital riesgo, sin ninguna posibilidad de control.
En definitiva, un compendio de medidas destinadas al enriquecimiento de las grandes empresas a costa de la salud de los madrileños, cuya ideóloga y promotora principal ha sido Esperanza Aguirre, quien se presenta a unas nuevas elecciones para poder terminar su labor privatizadora, allí donde la alcaldía se lo permita.