Cómo conseguir la tarifa social del agua, en la Comunidad de Madrid

La tarifa social del agua existe, aunque su difusión sea escasa; tal vez porque la gestión del agua en la Comunidad de Madrid se encuentra en proceso de privatización desde finales de 2008, momento en que el gobierno de Esperanza Aguirre dispone, mediante un instrumento jurídico poco apropiado como es la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, y sin debate político ni ciudadano, cambiar el modelo de gestión del agua para introducir un modelo mercantilizado. Uno de los pasos para conseguir sus fines fue la creación de la empresa mercantil Canal de Isabel II Gestión, S.A. que facilita el oscurantismo en la gestión del derecho humano al agua y, por tanto, incumple las obligaciones a este respecto.

Qué podemos hacer los ciudadanos ante esta situación: exigir nuestro derecho, acudiendo masivamente a las oficinas del Canal y solicitando la aplicación de las tarifas correctas a cada caso.

El procedimiento para obtener la exención social en la tarifa del agua se consigue con la bonificación del importe total de la parte variable de los servicios de abastecimiento y saneamiento en el consumo realizado hasta 25 metros cúbicos al bimestre (equivalente a un consumo medio diario de hasta 417 litros), prestados por Canal de Isabel II Gestión, S. A.

Esta bonificación será posible cuando los titulares de contratos acrediten no poder hacer frente al pago de dichos importes. Para conseguir esta certificación se deberá acudir al asistente social y, posteriormente, solicitar la aprobación de la Consejería de la Comunidad de Madrid competente.

La certificación deberá ser entregada en los servicios de Canal de Isabel II Gestión, y se aplicará en la siguiente factura que se emita a partir de dicha presentación. Esta bonificación se disfrutará durante el período de tiempo en que el titular del contrato permanezca en dicha situación.

Qué podemos hacer: reclamar el agua como derecho humano y apartar a los que quieren obtener beneficios de la sanidad, de la enseñanza, del agua, de los servicios públicos, de la vivienda y de todos aquellos derechos humanos reconocidos en la normativa de la ONU.