Fondos públicos de todas las administraciones se dirigen hacia las Iglesias, las fundaciones y las organizaciones no gubernamentales (ONG), ávidas de fondos para apuntalar  el negocio de la caridad. El tener una Iglesia católica  muy activa en la asistencia social —generalmente utilizando fondos públicos—, empobrece el sistema público de protección social

Con motivo de la crisis económica mucho dinero público se está yendo a la caridad, y ello pese a que la solidaridad social para los más pobres  —es decir, el gasto público que se emplea directamente en las personas con gran precariedad de ingresos o sin ingresos—, es insuficiente. Las cifras de gasto público en lo social son muy engañosas porque incluyen mucho gasto político y burocrático que no tiene sentido contabilizarlo en el cálculo.  En nuestra opinión, lo más importante es saber lo que reciben las personas directamente. Por ejemplo, cúal es la renta mínima garantizada, o cuánta gente la recibe anualmente. El gasto social en relación al PIB esconde y oculta un gasto poco justificable para contabilizar como gasto social.

Pero más allá de ese debate técnico sobre cómo se cuentan las cosas, lo importante es saber cómo estamos en verdad. En primer lugar tenemos el Estado de bienestar: esto es básicamente la sanidad, la educación, el acceso a la vivienda, las pensiones  y la protección social por desempleo. Por supuesto que se pueden añadir más cosas: calidad del sistema educativo, calidad de la formación profesional, nivel salarial de los trabajadores y un largo etcétera. En todas esas cosas, España es un país medio–bajo dentro de la Unión Europea, y esta situación es debida al problema estructural de desempleo masivo. Eso hace que todos nuestros índices se disparen a la baja. Tiene razón Rajoy cuando dice que lo más importante es el empleo. También tenía razón Virginia Wolff cuando decía que lo más importante para la mujer era tener unas guineas y una habitación propia.

Más allá del Estado de bienestar está la protección social, es decir, cuando una persona agota el seguro de desempleo o cuando una persona mayor no puede trabajar y no tiene pensión. Eso son los márgenes de la protección social. En general en los países  más desarrollados cuando eso sucede lo que hay es techo y pan. Las Administraciones te dan una renta de subsistencia y te proporcionan una vivienda si la necesitas; si eres una persona en edad de trabajar te ofrecen, también, formación profesional. Realmente esa es la aspiración mínima que debemos tener como sociedad.

Pero en nuestro país el sistema de protección social es muy débil y frágil y no está garantizado como derecho. Por muy pomposamente que las Comunidades Autónomas hablen de rentas mínimas garantizadas, la verdad es que no se garantizan esas rentas mínimas. Lo mismo pasa con la ayuda —muy modesta— a la dependencia, tampoco se está garantizando. Es importante tener la aspiración de la seguridad. Las personas deben saber que si se quedan sin trabajo o si ya no pueden  trabajar, pueden al menos subsistir. Eso no está garantizado en España. Por supuesto, algunos podrían decir que pocos países en el mundo lo garantizan. Se equivocan: la mayoría de los países con rentas per capitas por encima de 30.000 dólares lo garantizan de una u otra manera. Se suele poner el ejemplo de EEUU como Estado desastroso en la protección social, pero esa idea de considerar a EEUU como un país sin sistema de protección social es totalmente injusto. Quizás no sea un ejemplo perfecto pero nos atreveríamos afirmar que un pobre vive mejor en EEUU que en España y, además, en EEUU hay muchísimos menos pobres. Y qué decir de los países nórdicos o de centro Europa donde la protección social es muy sólida. Si exceptuamos el caso francés, donde el laicismo ha dado una impronta fuerte de Estado social al país, en el resto de países  católicos la protección social es media–baja: Italia, Grecia, Portugal, Polonia. Es decir, en la fortaleza de la protección social influyen más factores que la renta de un país.

El informe realizado por Comisiones Obreras sobre la protección social en España refleja asépticamente cúal es la situación: «Los instrumentos tradicionales con los que cuenta nuestro sistema de protección social se muestran claramente superados ante la realidad creciente que deben proteger. Son ya 771.000 los hogares, y no dejan de crecer, en los que todos sus miembros carecen de cualquier tipo de ingresos salariales (salario, pensión, desempleo, subsidios…); cerca de 2 millones de hogares tienen ingresos per cápita inferiores al 75% del salario mínimo interprofesional (y en ellos viven un total de 6 millones de personas, de los que casi 2 millones son niños); casi 3 millones de familias reconocen que sufren “privación material severa”; es decir, que no pueden acceder a bienes básicos (como calefacción, alimentos, vivienda…). La desigualdad social crece».